La Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogió la solicitud del Ministerio Público y ordenó mantener en prisión a Juan Alexis Medina Sánchez y a otros cinco vinculados al entramado de corrupción administrativa desarticulado a final del pasado año con la Operación Anti Pulpo.

El tribunal rechazó los recursos de apelación interpuestos por los procesados y ratificó la decisión del juez de la instrucción, al considerar justificada la prisión preventiva en el proceso por mantenerse las circunstancias que dieron lugar a su imposición.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la directora general de Persecución del Ministerio Público, magistrados Wilson Camacho y Yeni Berenice Reynoso, quienes encabezaron el equipo que representó al Ministerio Público, manifestaron en todo momento su desacuerdo con la libertad pura y simple o la variación de la prisión preventiva, tras destacar que se trata de una medida correcta amparada en razones que siguen vigentes.

Al responder preguntas de los periodistas a la salida del tribunal, la magistrada Reynoso calificó la decisión de “excelente” y resaltó que los abogados de la defensa y sus representados, “no han podido con la contundencia de las imputaciones que ha hecho el Ministerio Público”.

En tanto, Camacho manifestó que, si las decisiones que tome la defensa en lo adelante se corresponden con la misma estrategia que acudieron a la apelación, “definitivamente, los resultados van a ser los mismos”.

“Nosotros hemos construido un proceso para que resista los embates de la defensa y la decisión que ha dado la corte en el día de hoy (jueves) es una muestra de la forma en cómo el Ministerio Público ha estado realizando el trabajo en este caso”, resaltó Camacho.

La audiencia de apelación inició en la mañana del miércoles con la exposición de la defensa técnica de los imputados Juan Alexis Medina Sánchez, Aquiles Alejandro Christopher, exdirector de fiscalización de obras de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oisoe; Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa, expresidente del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona.

A Juan Alexis Medina Sánchez se le acusa como el principal acusado de dirigir el entramado de corrupción que se valía de su vínculo familiar directo con el poder político, en calidad de hermano del entonces presidente Danilo Medina, para enriquecerse a costa de los recursos de los contribuyentes. Junto a los demás imputados cumple tres meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, de San Cristóbal.

La Corte de Apelación del Distrito Nacional, presidida por el juez Julio César Canó Alfau e integrada por los magistrados Luis Omar Jiménez e Isis Muñoz, rechazó los seis recursos de apelación interpuestos por los abogados de igual número de imputados contra la decisión del juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, quien envió el grupo a prisión el 8 de diciembre pasado y declaró el proceso de tramitación compleja.

Pasadas las 11:00 de la noche del miércoles los jueces de la corte que opera en el antiguo Palacio de Justicia del Centro de los Héroes se retiraron a deliberar, luego de una maratónica audiencia que inició alrededor las 9:30 de la mañana de ese día.

El fallo se dio a conocer alrededor de las 2:00 de la madrugada de este jueves, 21 de enero de 2021.

Durante su intervención en la audiencia, los miembros del Ministerio Público manifestaron que en el caso de estos imputados la prisión preventiva resultaba la más idónea, ya que existe el peligro de fuga por la gravedad de los hechos que se imputan a los procesados. El magistrado Wilson Camacho insistió en que los imputados deben permanecer en prisión. “No se puede enviar el mensaje de que los ricos pueden ir a las calles y los pobres a la cárcel”, resaltó.

Los integrantes de la defensa técnica de los encartados coincidieron en sus alegatos de que la medida de coerción de tres meses de prisión preventiva impuesta a los imputados carece de valoración y motivación. Por ello, indicaron, procedieron a solicitar una revocación en la cual fallaron frente a los argumentos y las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

En cuanto al coimputado Rafael Antonio Germosén Andújar, ex contralor general de la República, quien también había apelado la decisión que le impuso arresto domiciliario e impedimento de salida del país, desistió del recurso.

Por el caso guarda prisión preventiva el imputado Wacal Vernavel Méndez Pineda, mientras contra los procesados Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del expresidente Danilo Medina Sánchez, y a Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, pesan tres meses de arresto domiciliario.

Carmen Magalys e Hidalgo Núñez también tuvieron que pagar una fianza de 10 millones de pesos mediante contrato y se mantienen con impedimento de salida del país.

El encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz quedó en libertad con la obligación de presentarse de manera periódica ante el procurador fiscal que lleva la investigación del Caso Pulpo.

MP asegura incurrieron en graves hechos de corrupción

La investigación del Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpetas controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, quien aprovechó su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina (2012-2020) para establecer negocios con el Estado.

A los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, entre otros delitos, se le atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe. Además, Julián Estaban Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.

El Ministerio Público acusa a Fernando A. Rosa Rosa por sospecha de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper.

Las investigaciones han permitido establecer que Carmen Magalys Medina Sánchez, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

Wacal Vernabel Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez. Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.

En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.

José Dolores Santana Carmona también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez.