Un grupo de ciudadanos en representación de organizaciones políticas, sociales y patrióticas, mediante un comunicado leído en rueda de prensa hacen un llamado al presidente de la República y a las fuerzas vivas de la Nación, donde piden encarar con el debido rigor aspectos que entienden son de vital importancia para la sobrevivencia y sanidad de la Nación Dominicana.

Por considerarlo de interés lo reproducimos a continuación:

Los partidos políticos y organizaciones ciudadanas que suscribimos la presente declaración pública, conscientes de que la nación y el pueblo dominicanos se sienten, con toda razón, altamente preocupados por la proliferación de incendios en zonas forestales y en vertederos municipales-provocados simultáneamente en diferentes regiones de la República, en un contexto de una gravísima sequía y de una creciente ocupación del territorio dominicano por un éxodo desbordado de haitianos -, procedemos a formular las siguientes reflexiones, reclamos y propuestas:

1-Exhortamos a las autoridades a profundizar las investigaciones acerca de los incendios crimínales y de las personas nacionales y extranjeras apresadas y procesadas hasta el momento como presuntos responsables, en orden a determinar si existe algún nivel de coordinación o cualquier pauta de relación entre los mismos. Anunciamos que los equipos legales de nuestras organizaciones, así como profesionales del derecho independientes, darán cabal seguimiento a los procesos abiertos en estos y otros casos, en procura de que se establezcan las sanciones condignas. Advertimos acerca de la necesidad de que las autoridades sigan una política de información transparente, sin reservas, ni temores de provocar aprehensiones en la ciudadanía, descontinuando una vieja y negativa práctica de escamotear datos o minimizar los problemas, porque está más que visto que lejos de disminuir, los mismos crecen y se complican.

2-Reclámamos al Ministerio de Interior y Policía disponer que la Dirección General de Migración y otras organizaciones de seguridad pública, procedan cuanto antes a desmantelar los numerosos asentamientos de nacionales haitianos que se han venido levantando en forma vertiginosa, tanto en las zonas de alta montaña como en las áreas de amortiguamiento de los parques nacionales o en el interior de los mismos. Según nuestras informaciones, de los 470 asentamientos que han sido identificados por las autoridades del MIP-que ya amenazan la cohesión social y territorial de la República y sus recursos naturales estratégicos, con riesgo evidente de balcanización-, la mayor parte se encuentra en las zonas rurales o suburbanas. Hacemos especial mención del área de Los Haitises y sus zonas contiguas, que acusan la presencia de un altísimo número de nacionales haitianos, y que por su singular configuración geomorfológica de carácter cártico, resultan altamente vulnerables y expuestas a daños difíciles de reparar, y con enormes implicaciones sobre fuentes de aguas de vital importancia para el Gran Santo Domingo.

3-Demandamos del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, adoptar sistemas de vigilancia satelital en tiempo real y con alta resolución, para ejercer un control efectivo de todas las áreas y recursos medioambientales del territorio dominicano y sus espacios marítimos, al tiempo que exigimos que se refuercen, entrenen y amplían, tanto los grupos de bomberos forestales, como el cuerpo de guardabosques y los alcaldes pedáneos y sus ayudantes. Estas organizaciones y autoridades, constituyen el primer nivel de acción para la vigilancia y prevención de hechos o prácticas reñidas con la ley, a la vez que la instancia de respuesta rápida y efectiva frente a los incendios provocados o accidentales.

4-Anunciamos que procederemos a proponer modificaciones en la legislación vigente, para endurecer las sanciones y ampliar las medidas complementarias que se le puedan imponer a los autores materiales e intelectuales de los incendios intencionales, así como tipificar cómo circunstancia agravante de las infracciones medioambientales, la condición migratoria irregular de los culpables cuando estos resultaren ser extranjeros. Particularmente, proponemos además que una vez sea establecida la responsabilidad penal ante los Tribunales de Justicia de la República, junto a las multas y las medidas de privación de libertad que correspondan, se les puedan imponer a los infractores, propietarios de los inmuebles y mejoras incendiadas, la prohibición total o parcial, de la disposición o aprovechamiento económico de los recursos o áreas incendiadas.

5-Reclamamos de las autoridades gubernamentales emprender amplios y sostenidos programas de reforestación en toda la República, movilizando fundamentalmente a la población joven entre 16 y 21 años-como lo dispone el artículo 75.4 de la Constitución-, así como aplicar la metodología del programa internacional Cultivando Agua Buena (CAB) para la gestión integral de las 156 microcuencas de la República, con el propósito de fomentar un cambio cultural profundo en las comunidades, en relación a los recursos hídricos, su preservación y reproducción. Asimismo, abogamos porque en las zonas de las siete provincias fronterizas, así como en áreas estratégicas del territorio, se adopten por parte de las FFAA, los Asentamientos Militares Sostenibles (AMS), comunidades concebidas para procurar en los integrantes de los cuerpos militares un proceso de mayor arraigo a la tierra-muy necesario para el relevo de productores-, así como un mejor control y defensa del territorio y sus recursos. En este punto queremos anunciar a las autoridades de medioambiente, nuestra disposición de que a las organizaciones que representamos, les sean asignadas áreas de reforestación en distintas zonas del país; y aspiramos que las demás organizaciones políticas y ciudadanas hagan un compromiso similar al que hoy asumimos, ya que el proceso de preservar los recursos naturales y potenciarlos es una responsabilidad de todos los dominicanos.

6-Finalmente, recordamos que muchos de los problemas medioambientales que en el presente se están perfilando como graves amenazas a la República, ya fueron esbozados en el informe de la Fundación de Seguridad y Sostenibilidad Medioambiental ( FESS) de los EEUU en el año 2005 con el título “Seguridad Ambiental en la República Dominicana. ¿Promesa o Peligro?”, sin que hasta el momento se hayan adoptado medidas efectivas para revertir las peligrosas tendencias que plantea la complejidad de la convivencia con un Estado Fallido, en un ámbito insular cada vez más desequilibrado y en deterioro acelerado. Cada día que transcurre, resulta más que evidente, que el modelo de desarrollo imperante tiende a descuidar, marginar o penalizar las zonas rurales y sus habitantes, en especial, en las montañas y la frontera, con efectos perversos sobre la distribución de la población sobre el territorio, equivalente al efecto desastroso que siglos atrás provocaron las tristemente célebres “devastaciones de Osorio”. Para revertir esas alarmantes tendencias, se precisa hacer un acto de Justicia Histórica en favor de los hombres y mujeres del campo, y lanzar con toda energía y determinación un gran proyecto nacional de Nueva Ruralidad-íntimamente vinculado a una estrategia de Seguridad Alimentaria-, que debe comenzar por un programa de Caminos Rurales Productivos-como vienen reclamando organizaciones de productores como Confenagro-, así como la instalación de servicios públicos esenciales, al través de las tecnologías modernas que afortunadamente ya lo hacen más que factibles, proceso que permitiría que muchos dominicanos permanezcan en las zonas rurales, y que otros que salieron, retornen a sus comunidades de origen, y que la Seguridad Nacional, la integridad territorial y demográfica de la República, queden salvaguardadas.

Pelegrín Castillo. FNP – Vice Presidente/ ProNacion

Diputado Elias Wessin Chávez – presidente PQDC

Senador Ramón Rogelio Genao – vicepresidente del PRSC

Ismael Reyes Cruz – presidente PDI

Dr Manuel Berges Coradin

Presidente de ProNacion

Damaris Patrocinio

Fomudevi

Virgilio Malagón

ProNacion.

Miguel Hazin