Con la designación de juez especial para conocer sobre las imputaciones de narcotráfico y lavado de activos que pesa contra tres diputados involucrados en la Operación Falcón se abre el escenario para que se levante la inmunidad parlamentaria que protege a esos legisladores.
El levantamiento de la inmunidad, que puede solicitarla el Ministerio Público al Congreso o durante la etapa investigativa por decisión de un juez designado, debe ser aprobado por la Cámara de Diputados, aun en el caso de que los propios imputados decidan renunciar a esa prerrogativa.
Además del privilegio de jurisdicción que les otorga la Constitución a los congresistas, la inmunidad les protege de ser apresados durante el proceso investigativo, por lo que las acusaciones en su contra pueden ser conocidas en libertad, al menos, mientras está abierta la legislatura. La Constitución dominicana establece que “ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen”.
De acuerdo con el Manual de Procedimiento Legislativo, el requerimiento para el retiro de la inmunidad a un diputado debe ser solicitado por la autoridad judicial competente, mediante auto o sentencia.
Ese tribunal designó ayer, mediante el Auto 16-2021, emitido por su presidente Luis Henry Molina Peña, al magistrado Napoleón Estévez para conocer el caso de los diputados involucrados en la Operación Falcón.
Este mismo magistrado es el juez de instrucción especial que había sido designado para llevar el caso de Rosa Amalia Pilarte López, la diputada por la provincia La Vega que también es investigada por supuestos vínculos con el narcotráfico, en una supuesta red en la que su esposo Miky López es señalado como el cabecilla.
En la Operación Falcón hay vinculados de forma directa tres diputados, a quienes les imputan, provisionalmente, de asociación de malhechores, narcotráfico, lavado de activos provenientes del narcotráfico y tenencia ilegal de armas de fuego.
Se trata de los diputados Nelson Rafael Marmolejos Gil, (Partido Revolucionario Moderno -PRM- de Santiago), quien, de acuerdo con lo que plantea la solicitud de medida de coerción, habría recibido financiamiento para su campaña por más de nueve millones de pesos de parte del supuesto cabecilla de la red de narcotráfico y lavado de activos, Erick Randhiel Mosquea Polanco.
También el diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Darío Féliz Féliz, a quien el Ministerio Público acusó públicamente de movilizar en su vehículo al extraditable Juan José de la Cruz Morales, supuestamente con fines de sustraerlo de la investigación. En el vehículo del legislador, retenido por las autoridades, habrían ocupado varias joyas, incluidos relojes y anillos de alta gama.
El diputado, también conocido como (Pirrin), manifestó ayer que está preparado para hacer frente a las acusaciones del Ministerio Público en el marco de la Operación Falcón, al tiempo que sostuvo que ese órgano deberá resarcir su honorabilidad.
Indicó que irá “a donde quiera ahí estamos sueltos”, además de expresar lo difícil de ese proceso para sus familiares.
La otra legisladora, la diputada Faustina Guerrero Cabrera, (del PRM), surgió en el caso luego de que se presentara la solicitud de designación de juez especial y, hasta el momento, se desconocen los hechos exactos por los que se le acusa.
Sin embargo, su esposo, el suspendido director de Comunidad Digna, Juan Maldonado Castro, fue uno de los apresados la semana pasada cuando se conoció de los operativos del caso Falcón, que abarcó inicialmente a 21 personas, aunque luego se sumó el arresto de otras tres.
A Maldonado Castro el Ministerio Público lo señala como socio y coautor de las acciones de Juan José De La Cruz Morales, señalando que es gerente de dos de las estaciones de combustibles que son usadas para lavado de activos, según la solicitud de medidas.
La solicitud de designación de juez especial fue realizada por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, en la tarde del miércoles.
“La Suprema Corte de Justicia, luego de recibir a las 4:45 de la tarde el expediente denominado “Falcón”, designó al magistrado Napoleón Estévez para ser juez de instrucción especial en la investigación que está cursando la Procuraduría General”, dice la Suprema en una nota de prensa.
Bajas para el PRM en la Cámara de Diputados
En caso de que se ordene el levantamiento de la inmunidad a los congresistas, el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) sufría dos bajas en la correlación de fuerza en el Congreso, donde ya tiene la silla vacía del diputado Miguel Gutiérrez Díaz, arrestado en Miami, bajo acusación de tráfico de drogas. De los 190 diputados que conforman la Cámara de Diputados, 101 corresponden al PRM y aliados, aunque esa organización también tiene en veremos la participación de la diputada Rosa Amalia Pilarte López, a quien el Ministerio Público investiga por supuesta vinculación con la red lavado de activos provenientes del narcotráfico que, según la acusación, encabeza su esposo Miguel Arturo López (Micky).
Reacciones
Los voceros de partidos políticos en la Cámara de Diputados se mostraron indecisos al ser cuestionados ayer sobre sus posibles posturas en caso de que al Congreso llegue una solicitud para que se le levante la inmunidad parlamentaria a los legisladores vinculados en la Operación Falcón.
El vocero de la bancada peledeísta, Gustavo Sánchez, sostuvo a Diario Libre que los diputados de esa organización tendrían que evaluar las razones que moverían una eventual solicitud. “Habría que esperar que se dieran esos escenarios”, indicó el legislador, quien advirtió que no ve venir la llegada de la propuesta, puesto que no ve “el deseo y voluntad” de someterla.
Rogelio Genao, del Partido Reformista Social Cristiano y Rubén Maldonado, de Fuerza del Pueblo, coincidieron al expresar que una práctica común en la Cámara de Diputados, en estos casos, es que la inmunidad no se retira hasta que el legislador señalado no sea condenado. Genao manifestó que la justicia tiene todo el derecho de actuar y que el proceso debe fluir. En tanto que Maldonado indicó que el partido que preside el expresidente Leonel Fernández respaldará todas las medidas que conduzcan a la condena en la persecución de cualquier tipo de crimen organizado que se realice en el país, “no importa quién lo ejecute”.
Mientras, el congresista Elías Wessin Chávez, del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), sostuvo que, de acuerdo a su experiencia, “eso (la solicitud) ni siquiera llega al plenario, los mismos diputados renuncian a su inmunidad y se ponen a la disposición de la Justicia”. Añadió que, en caso de que los legisladores no se dejen investigar, “el pleno es soberano para decidir. Nosotros somos de opinión de que cada quien tiene que responder a los requerimientos de la Justicia y en cualquier caso apurar los procesos para demostrar su inocencia si lo es o que se demuestre lo contrario si no lo es”.
De su lado, el diputado por Alianza País, José Horacio Rodríguez, abogó por que la solicitud llegue con los elementos probatorios correspondientes y que si estos existen “yo creo que lo que procedería es el levantamiento de la inmunidad”.
Mientras que el diputado perremeísta Ramón Bueno señaló que sus homólogos “han dicho al Congreso y la población que están dispuestos a dejar la inmunidad para que se le investigue y se esclarezca el tema del que se les está acusando”.
FUENTE: diariolibre