El denominado subsidio por peaje sombra, es el costo por la privatización y negociación desventajosa para el Estado de acuerdos para financiar la construcción de la carretera Santo Domingo-Samaná.
Es uno de los proyectos más costosos en los que ha incurrido el Gobierno dominicano en toda su historia.
Así lo plantea el estudio, “Autopsia Fiscal”, una investigación de la organización internacional Oxfam, que destaca que solo en el año 2019, el subsidio por le costó al Estado RD$3,566.9 millones, casi mil millones de pesos más que en el año 2018.
“Su costo para el fisco ascendió a RD$3,566.9 millones en el año 2019, un incremento del 38% con relación al año anterior”, precisa el estudio.
Esto así porque el Estado firmó con el consorcio de empresas constructoras, Autopista del Nordeste S.A., un contrato en modalidad concesión vial, por medio al cual la inversión privada se encargaría de construir y financiar directamente el 80% del costo total de las carreteras Autopista del Nordeste (o Juan Pablo II) y el Boulevard Turístico del Atlántico entre los años 2006 y 2011, a cambio de que el Gobierno les cediera por 30 años el derecho exclusivo de recaudo del 100% de peajes en ambos trayectos.
No obstante, el acuerdo establece un ingreso mínimo garantizado, el cual, de no cumplirse las recaudaciones esperadas por la empresa en el flujo de vehículos por carretera, tendría que ser compensado por el Estado dominicano.
Esa diferencia, que ha resultado deficitaria desde que se inauguró el proyecto, es lo que se conoce como peaje sombra.
“Para tener una idea, el costo total de ambas autopistas fue de alrededor de US$305 millones o lo equivalente a aproximadamente RD$11,000 millones al tipo de cambio de los años de construcción. Sin embargo, durante el período 2012-2019 solo por concepto del subsidio por peaje sombra, el fisco le habría pagado a la empresa unos RD$21,000 millones, lo cual representa unos US$457 millones (dólares)”, precisa Oxfam.
Esto sin contar las recaudaciones directas de la empresa en los peajes. Es decir, tan solo en los primeros ocho años de funcionamiento de la carretera, el capital privado casi ha duplicado su inversión, y aún le quedan 20 años de concesión. Esta modalidad contractual representa una fuga de recursos considerables para el fisco, aparte del costo de bolsillo para la ciudadanía en general, que ya supera los RD$2,000 pesos por trayecto ida y vuelta.