Entre 1978 y 2019 República Dominicana realizó 26 reformas a su legislación electoral, de acuerdo a un estudio publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).
“A partir de la caída del régimen de Trujillo en 1961, pasando por la anterior normativa electoral (Ley 275-97) y llegando a la primera actualización integral del marco electoral dominicano con la Ley 15-19, Orgánica de Régimen Electoral, en el país se han producido 26 reformas en esta materia”, explica el documento.
La investigación precisa que la promulgación de la Ley 33-18, de Partidos Políticos y la número 15-19, trajeron consigo controversias, denuncias y sometimientos por inconstitucionalidad de una serie de artículos de ambas leyes, especialmente en términos de libertad de expresión, afiliación, requisitos de candidaturas, alianzas y coaliciones, entre otros aspectos.
El estudio «Legislación electoral y de partidos en República Dominicana: origen, evolución y nuevo proceso reformatorio» también precisa que para este año, la Junta Central Electoral (JCE) ha planificado una nueva reforma para corregir diversos aspectos necesarios de revisión en las leyes número 15-19 y 33-18.
Al respecto, el OPD-Funglode considera pertinente que estas reformas sean aprobadas al menos un año antes de las elecciones, a los fines de que su puesta en práctica no suponga un obstáculo llegadas las fechas de montaje de los comicios, ya sean aquellos correspondientes a las primarias o a las elecciones generales, para evitar falencias, improvisaciones e inobservancias como consecuencia de falta de tiempo para adaptar el proceso electoral a la normativa reformada.
La investigación dice, además, que la nueva reforma a la legislación electoral y de partidos requiere la inclusión de principios rectores del proceso electoral, cambios directos al texto normativo realizados por el Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencias de inconstitucionalidad, enmiendas sobre los aspectos que se solapan y son contradictorios entre la Ley de Partidos y de Régimen Electoral.
“Además esta nueva legislación electoral debe incluir un examen riguroso de compatibilidad entre el texto de la reforma y la Constitución, a los fines de evitar que no sea objeto de tantos recursos de inconstitucionalidad posteriormente”, agregan los autores del estudio, Vladimir Rozón y Jean Luis Sanó, coordinador e investigador de la Unidad de Partidos Políticos del OPD, respectivamente.
Situación en América Latina
El informe del OPD-Funglode añade que en el período 2015-2020, los principales temas de la agenda de reformas en América Latina han sido la paridad de género, la reelección y la representatividad y cantidad de legisladores en el congreso.
“A diferencia de lo que ocurrió entre 1978 y 2015, cuando la mayor parte de las modificaciones quedaron recogidas en sendos cambios constitucionales, la mayoría de las realizadas entre 2015 y 2018 se tradujeron en leyes electorales o de partidos, como es el caso de República Dominicana y Argentina; o supusieron cambios constitucionales sin generar un proceso constituyente que redactara un nuevo texto constitucional, como es el caso de Chile, Colombia, Honduras, México, Ecuador y Guatemala”, indica el documento.
La investigación muestra que las reformas en la región se han producido de forma intensa entre 1978 y 2018, dando cuenta del modo en que las élites de los partidos políticos conciben la relevancia del cambio institucional como una vía de transformación del orden político, además de que han sido impulsadas sin la participación activa de la ciudadanía en el diagnóstico ni en la elaboración e implementación de las reformas, tal como destacan otros estudios de la región.
FUENTE: acento